Exiliados digitales
Cinco empresas deciden si existes digitalmente. Y no puedes recurrir.
UNO: Cuando una foto médica de tu hijo te convierte en pedófilo para Google
Febrero de 2021, confinamiento COVID. Mark, padre de San Francisco, fotografía los genitales inflamados de su hijo. No es un pervertido: lo hace siguiendo las instrucciones de la enfermera para una consulta de telemedicina al día siguiente.
El niño se curó.
Pero Google Photos —activada por defecto en Android— escaneó automáticamente la imagen. Su algoritmo la clasificó como material de abuso sexual infantil (CSAM).
En pocas horas, Mark perdió su vida digital: una década de emails, todos sus contactos, años de fotos familiares, su número de móvil (usaba Google Fi).
Peor aún: Google denunció el caso al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y la policía de San Francisco abrió una investigación criminal.
Estás leyendo ZERO PARTY DATA. La newsletter sobre actualidad tecnológica desde el punto de vista del derecho de protección de datos y la IA de Jorge García Herrero y Darío López Rincón.
En los ratos libres que nos deja esta newsletter, nos gusta resolver movidas complicadas en protección de datos personales e inteligencia artificial. Si tienes de alguna de esas, haznos así con la manita. O contáctanos por correo en jgh(arroba)jorgegarciaherrero.com
Absuelto por la ley, condenado por Google
La investigación policial le exoneró de responsabilidad.
Mark remitió el informe policial a Google.
Google pasó completamente de Mark y eliminó permanentemente la cuenta. La única copia de sus archivos personales quedó en manos de la policía que lo investigó (¡!).
Este caso, contado por Kashmir Hill en The New York Times en agosto de 2022, no es aislado. La Electronic Frontier Foundation afirma que existen miles de casos similares. Cada año.
Muchos de estos casos no se denuncian porque las víctimas prefieren no hacer públicas la causa para evitar su revictimización
Cuando Meta te cierra la tienda porque “Has incumplido sus normas comunitarias”
¿Quién no conoce a un autónomo o pequeño comercio al que le han liquidado su cuenta de Instagram -su principal vía de marketing- sin más explicaciones que “usted ha incumplido nuestros términos y condiciones/políticas”?
En verano de 2025, Instagram suspendió miles de cuentas acusando falsamente a usuarios de explotación sexual infantil por publicar fotografías de automóviles. Una investigación de la BBC documentó más de cien casos de bloqueos erróneos.
Meta solo restauró las cuentas tras la crisis reputacional desencadenada en consecuencia.
Sistemas automatizados pochos + asimetría de poder = usuarios desconectados arbitrariamente
Aparte de los casos más llamativos como los de acusaciones falsas de delitos sexuales, pero esto pasa literalmente todos los días, y Google o Meta ni siquiera se toman la molestia de justificar la expulsión y borrado de cuentas.
Seguro que ustedes conocen casos personalmente.
Aquí un ejemplo:
Culpable hasta que se demuestre lo contrario
Cuando el agraciado con esta “lotería” es un autónomo o una micropyme que no tiene una web propia y sólo se da a conocer a través de Facebook, Instagram o Google, las consecuencias son devastadoras.
Muchos de estos negocios han invertido innumerables horas en branding / marca personal para amasar miles de seguidores que conforman su mercado, que se pierden de golpe.
La DSA tiene una solución: el Appeals Centre
Las cifras del Appeals Centre Europe -el organismo de resolución de disputas creado por la Digital Services Act— resultan reveladoras: de los 1.500 casos resueltos en su primer año de funcionamiento, más del 75% de las decisiones de las plataformas fueron revocadas.
Es decir, tres de cada cuatro sanciones impugnadas eran erróneas.
Esta vía de recurso apenas se conoce: Por lo que sea, las propias plataformas no informan de su existencia.
¿Cómo utilizar este “Centro de apelaciones”?
Si te ha pasado algo así en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Threads y YouTube, puedes utilizar esta vía.
Es gratuita.
1.- Tienes que reclamar tu caso ante la plataforma de turno.
2.- Si no obtienes una respuesta satisfactoria, acude a
https://portal.appealscentre.eu/
3.- Ábrete una cuenta y “comienza tu disputa”: cuenta tu historia.
La decisión sobre el papel no es vinculante, pero las plataformas las están cumpliendo.
Personalmente he utilizado otros servicios similares (arbitraje contra abusos de, por ejemplo, Disney Plus y han funcionado ferpestamente). Léase “devolución de un año de suscripción”. En serio.
El mejor indicador de que funciona es que… la DSA obliga a las plataformas a informar a los interesados de la existencia de este Centro y… ¿tú sabías de su existencia?.
Pues eso.
Lo importante es que, si todos los afectados acuden a estos procedimientos, las plataformas se verán obligadas a cumplir sus dictámenes o serán sancionadas y las multas de la DSA no son cualquier cosa.
Si Google y Meta pueden arruinarte la vida… ¿Qué puede pasar si -por lo que sea- el resultado de tu trabajo diario incomoda a algún gobierno poderoso?
El caso del juez francés lo ilustra a la perfección: “sujétame el Risketto”.
DOS: El juez francés expulsado del siglo XXI
Leí varias veces esta historia, pero pensaba que era parte de la porquería que se cuela en mis feeds a pesar de todos mis esfuerzos...
Nicolas Guillou, magistrado francés del Tribunal Penal Internacional de La Haya, formaba parte de la sala que emitió la orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant (el entonces Ministro de defensa de Israel) el 21 de noviembre de 2024.
En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de “Nacionales Especialmente Designados”, junto a miembros de ISIS y Al Qaeda.
El resultado te sorprenderá.
Guillou describe su nueva realidad como “una regresión digital a los años noventa, antes de la era de internet“ y estar “económicamente proscrito en la mayor parte del planeta“.
Amazon canceló su cuenta. Airbnb, también. PayPal le bloqueó.
Expedia anuló sus reservas hoteleras en Francia.
No puede comprar en línea porque “no saben si el embalaje de tu producto es estadounidense“.
Visa, Mastercard y American Express bloquearon sus tarjetas. Incluso bancos europeos le limitan parcialmente sus servicios porque cualquier transacción en dólares o que implique conversión a dólares les está prohibida.
“Algunos creen que el poder debe servir a la ley. Ese es el principio mismo del derecho internacional“, declaró Guillou. “Otros, por el contrario, creen que la ley debe servir al poder. Para ellos, la justicia penal internacional es un obstáculo. Es un obstáculo para los imperios. Por eso nos atacan.”
Sign of the times.
No es el único.
El fiscal jefe del mismo Tribunal Karim Khan perdió su cuenta corporativa de Microsoft y tuvo que migrar a Proton Mail, el servicio suizo.
La respuesta europea: un silencio atronador
La Unión Europea con su valentía habitual en los últimos tiempos, condenó las sanciones en comunicados de alto nivel.
Ursula von der Leyen afirmó que el Tribunal internacional “debe poder actuar sin presiones“.
Pero cuando 57 organizaciones de derechos humanos pidieron activar el Reglamento Europeo de Bloqueo (EC 2271/96) -que prohibiría a empresas europeas cumplir las sanciones estadounidenses-, la Comisión respondió que ya otro día, pero que “monitorizaría de cerca las implicaciones”.
Creo que también monitorizaron de cerca lo de los aranceles. Muy de cerca.
Francia no ha defendido públicamente a Guillou. Eso sí, anunció que no arrestaría a Netanyahu si visitaba el país. Italia devolvió a un fugitivo del Tribunal Internacional a Libia. Hungría declaró su intención de abandonar el Estatuto de Roma.
La defensa por parte de la Unión Europea de este Tribunal (que ha castigado genocidios como los cometidos en Bosnia y Ruanda) ha sido, en la práctica, inexistente.
Eso sí, el mes pasado el Tribunal anunció su transición desde Microsoft 365 a OpenDesk, una suite ofimática alemana de código abierto proporcionada por el Centro para la Soberanía Digital del Ministerio del Interior alemán.
Ya podemos dormir tranquilos como europeos.
TRES.- LaLiga bloquea a los piratas. Y de paso, a ti.
El tercer fenómeno —los bloqueos de IP (es decir bloqueos de acceso a páginas web) ordenados por LaLiga para combatir la piratería de partidos— representa una variante castiza del mismo problema:
Una empresa privada, LaLiga, consigue convencer (esta es la parte más inconcebible) a un juez con menos calle que Venecia para bloquear direcciones IPs a degüello.
Judicatura, esperábamos algo más de ti.
Los jueces ayudan… a LaLiga
Desde 2021, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona autorizan a LaLiga a enviar listas de direcciones IP a los operadores de telecomunicaciones para su bloqueo inmediato durante los partidos.
El sistema utiliza herramientas de inteligencia artificial con nombres de villanos de película capaces de detectar transmisiones piratas de señal de partidos de fútbol en tiempo real. Y bloquear entre 2.000 y 3.000 direcciones IP cada jornada de liga.
El problema de las IPs compartidas
El caso es que Cloudflare y otros proveedores utilizan direcciones IP compartidas, donde cientos de sitios web legítimos comparten una misma dirección IP con piratas ocasionales.
Cloudflare, además, protege a sus clientes mediante cifrado, dificultando el bloqueo selectivo. Eso no detiene a LaLiga, que utiliza la “bula papal” concedida judicialmente para exigir cifrados de webs en bloque.
Los daños colaterales
La lista de víctimas es interminable. Y surrealista: la Real Academia Española, el Ayuntamiento de Madrid, Twitch, Steam, X (Twitter), ChatGPT, GitHub y -en un plot twist de Oscar- las propias webs de DAZN, UEFA y la tienda online del Girona FC.
Cuando la RAE protestó, Javier Tebas respondió amenazando con acciones legales por “consentir compartir un delito” desde su “war room”.
El frente judicial
Tanto Cloudflare como ONGs como RootedCON y (la buena de Ofelia Tejerina desde) la Asociación de Internautas han interpuesto acciones judiciales que han sido rechazadas, por -es mejor que se sienten antes de leer esto- no haber acreditado daño a terceros.
El tema está pendiente de admisión en el Tribunal Constitucional.
El camino será largo porque el TC tarda lo suyo y no puede resolver: y lo máximo que puede hacer es anular y devolver las actuaciones al Juzgado de lo Mermercantil de Barcelona.
CUATRO.- Hasta los Griegos lo hacían mejor
Uno de mis mejores profesores fue el de Griego en el instituto: me enseñó muchísimas cosas interesantes… pero muy poco griego.
Una de ellas se quedó clavada en mi memoria: cuando un ciudadano de una polis griega la liaba gordísima, sus conciudadanos votaban si le expulsaban o no de la polis (si le condenaban al “ostracismo” o exilio).
Para ello escribían “sí” o “no” en un trozo de barro cocido -los trozos de una vasija rota, que se llamaban óstrakon en griego-.
Los votos se contaban y se ejecutaba, o no, la decisión.
Pensemos en ello un momento: incluso en la expulsión más severa de la comunidad, había debate, había voto y transparencia.
Los acusados sabían de qué se les acusaba y podían defenderse. La decisión era pública y democrática. -Al menos todo lo democrática que era la democracia en la antigua Grecia-.
No como hoy.
CONCLUSIÓN: Una solución queremos
Cory Doctorow lo resume con precisión: las tecnológicas se propusieron convertirse en servicios públicos tan esenciales como la electricidad o el agua. Lo lograron. Pero se comportan como negocios privados, cancelando servicios arbitrariamente sin recurso posible.
Esto es inaceptable cuando el servicio prestado afecta a derechos fundamentales.
Los tres casos que hemos visto —el padre acusado de pedofilia, el juez expulsado del siglo XXI, el comerciante cuya web es inaccesible durante los partidos— tienen un denominador común: grandes conglomerados con poder de desconexión digital operando sin contrapesos reales.
Los griegos expulsaban con el voto ciudadano. Google, Meta y Microsoft lo hacen “por sus tokens morenos”.
Confiar en la autorregulación no es la solución: es el problema.
Las “rebajas” normativas propuestas recientemente tampoco. Los europeos necesitamos que las normas que tenemos se cumplan.
La DSA contempla mecanismos —como el Appeals Centre— que, siendo imperfectos, afrontan estos problemas. Aunque sus decisiones no son vinculantes, crean presión: si todos los afectados acuden a estos procedimientos, las plataformas deberán cumplir o enfrentarse a sanciones significativas.
A bigger boat
Sólo podremos enfrentarnos a este tiburón navegando derechos más grandes, no con el recorte de derechos que propone el Digital Omnibus de la Comisión Europea.
La condena a la desaparición digital no debería ser más fácil hoy que la de ostracismo en la Antigua Grecia.
Si te ha gustado Zero Party Data, compártelo, no seas asín.
ENORME, me ha encantado.